La nº 2 del PSOE de Puig se aferra al sillón con dos cargos públicos que el PP considera incompatibles

Gabriela Bravo, actual consejera de Justicia, Interior y Administración Pública del Gobierno valenciano de Ximo Puig en funciones y recién nombrada vicepresidenta segunda de las Cortes Valencianas, acapara ahora mismo dos cargos públicos, uno de ellos en funciones, a pesar de la monumental debacle socialista en las últimas elecciones autonómicas, en las que el PSOE han perdido todo su poder territorial y numerosos responsables de esa formación se han quedado sin cargo público en este territorio.

Bravo no está afiliada, pero, en función de esos cargos, es la segunda autoridad pública del PSOE valenciano y, una vez se disuelva el Ejecutivo se convertirá en la primera y en el rostro más visible del partido. Por delante del mismísimo Ximo Puig.

Este lunes, Gabriela Bravo ha sido elegida, a propuesta del PSOE valenciano, cuyo secretario general es Ximo Puig, vicepresidenta segunda de las Cortes Valencianas. Como hasta ese momento era consejera de Justicia del Ejecutivo de Puig y no ha dimitido de este último cargo, en el que está en funciones, se da ahora mismo la paradoja de que ostenta ambos. Por tanto, tiene una alta responsabilidad en el Poder Ejecutivo, pero también en el Legislativo.

La compatibilidad de ambos cargos ha sembrado serias dudas en la oposición. Sobre todo, en el PP, que considera que aunque legalmente pueda existir un vacío legal, éticamente no se sostiene formar parte de un órgano fiscalizador de la acción de Gobierno, como son las Cortes, y, a la vez, del propio gobierno valenciano. 

Informe jurídico

Bravo ha solicitado un informe jurídico para conocer si en términos legales esa compatibilidad es posible o no. Este miércoles, ella misma ha dicho que el informe lo ha solicitado a la Abogacía. Un término que no aclara si se refiere a la Abogacía de la Generalitat, adscrita a Presidencia y, por tanto, a Ximo Puig, o a los servicios jurídicos de las Cortes Valencianas. No es lo mismo.

La duplicidad de cargos de Gabriela Bravo tampoco ha sentado a bien a una parte del PSOE valenciano, porque consideran que en un marco en que los socialistas han perdido muchos cargos con su derrota electoral, el rostro más visible del partido en esta nueva legislatura no puede ser una persona que no está afiliada, aunque en su caso y según ha explicado ella misma en una entrevista en A Punt este miércoles, su no afiliación se debe a que es fiscal y se encuentra en una situación denominada servicios especiales. Sea como fuere, no es militante.

El PP duda de la legalidad

El escándalo se ha ido acrecentando a lo largo de los días. Y, este jueves, el propio Carlos Mazón se ha referido a ello en Alicante: «Entre Puig y Bravo, entre esa pareja política, parece que están decididos a ocupar todo lo que queda el máximo tiempo posible, sin favorecer el cambio. Es la primera vez en mi vida que veo a una vicepresidenta de las Cortes siendo, a la vez, consejera de Justicia. Me parece algo inédito. No entiendo cómo éticamente se puede sostener. Tengo mis dudas sobre la legalidad de ese asunto».

En la misma línea que Mazón se ha pronunciado el portavoz popular en las Cortes Valencianas Miguel Barrachina, que ha calificado de «bochornoso» que Ximo Puig y Gabriela Bravo «acaparen todos los cargos al aferrarse a los sillones y a los sueldos con el único objetivo de mantenerse en el poder».

Barrachina ha dicho que «este afán acaparador les leva hasta a perder las formas y retorcer las normas hasta rozar la ilegalidad, sólo por amarrarse al puesto hasta el último minuto, sin ningún rubor ni recato». Y ha dejado caer que «mantenerse en el Ejecutivo y en el Legislativo podría ser ilegal».